Los representantes de las comunidades, declararon, que está comprobado los nexos entre la empresa minera Rio Blanco Cooper y el Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, cuya representación es cuestionada por ser una organización formada por trabajadores de la empresa minera y personas ajenas a la comunidad.
Además, condenaron la campaña de persecución judicial contra los dirigentes comunales y autoridades, financiado por la empresa minera Rio Blanco, que ha dispuesto de su staff de abogados para apoyar al Frente de Unidad Campesina de Segunda y Cajas con las denuncias y procesos judiciales contra los dirigentes comunales que no aprueban la actividad minera en sus territorios.
Del mismo modo, se cuestiono las denuncias por terrorismo contra los promotores de la consulta vecinal del proyecto minero Rio Blanco. Los abogados defensores de los líderes denunciados, manifestaron que la demanda carece de sustento legal, pues no existe una acusación directa a los implicados, siendo las únicas pruebas presentadas, una serie de recortes periodísticos que son argumentos insuficientes para la denuncia.
De esta manera, Carlos Martínez, alcalde de San Ignacio, Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Servando Aponte, presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayacaba, junto a otros dirigentes de las comunidades afectadas por el proyecto Rio Blanco, dieron a conocer los oscuros intereses que existen detrás de la denuncia por terrorismo presentado por el denominado Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas.
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